Cláusulas sociales: control operativo y eficiencia (parte 3)

Después de casi veinticinco años en empresas de servicios, pocas cosas habré hecho más en mi vida profesional que concursar, ofertar, ganar concursos, perderlos, gestionarlos, resolver conflictos, negociar con todas las Administraciones, presentar recursos, ganarlos, perderlos, recibir sanciones por incumplimientos, felicitaciones por la excelencia del servicio, negociar con sindicatos, gestionar conflictos laborales, promover formación, buscar la máxima eficiencia, las mejoras técnicas, la innovación, respetar lo firmado, la prevención de riesgos laborales… Y también, por supuesto (y sin necesidad alguna de pedir perdón por ello), obtener un legítimo beneficio industrial, muchas veces condenado por los archisabidos retrasos en los pagos y otras cuestiones.

En todo este tiempo he visto pasar delante de mis ojos cientos de pliegos de condiciones de todo tipo. En algunas ocasiones, clónicos unos de otros, aunque las Administraciones estuviesen a cientos de kilómetros y tuviesen necesidades diferentes. He firmado infinidad de contratos de diferentes servicios que se han desarrollado con “suerte” dispar desde el punto de vista de la rentabilidad. Pero en todos, salvo contadas excepciones, se han repetido dos situaciones idénticas:

a) La promesa de la Administración de que vigilaría con lupa el “estricto cumplimiento del contrato”.

b) La ausencia total de medios y de control operativo del servicio por parte de la Administración, para comprobar si se cumple o no.

Es decir, la Administración contratante generalmente no suele “disponer de datos” sobre como se está prestando el servicio desde el punto de vista operativo (quizá sí económico) y, por tanto, no conoce las posibilidades o dificultades para la aplicación de todas las cláusulas, sociales o no, incluidas en el contrato.

Por mucho que se exija o se imponga, por mucho que se quieran blindar plantillas, solo un conocimiento de la realidad de la prestación del servicio y una estrecha colaboración entre Administración y empresas prestadoras, conseguirán el objetivo de mantener el contrato por los cauces más próximos a lo ofertado y contratado. Y en el caso que nos ocupa, promover también la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores, el respeto a sus condiciones labores, la integración de colectivos desfavorecidos y, en resumen, conseguir lo que la normativa jurídica viene impulsando. Además, claro está, de prestar el servicio con la calidad requerida.

Un servicio público, sea el que sea, es una “obra” que no se acaba nunca. Nunca se ponen primeras piedras, nunca se inaugura nada y, por supuesto, nunca se termina. Cada día empieza de nuevo. Cada día puedes tropezar dos, tres o cuatro veces en la misma piedra, porque normalmente esa piedra está desde siempre en el camino sin que nadie la retire. Por tanto, los objetivos a conseguir en un servicio público están en el viaje y no en el destino. Debemos hacer un viaje confortable para todos y entre todos (trabajadores, Administración y empresas), cada uno con sus responsabilidades y objetivos.

Una Administración Pública nunca debe exigir a una empresa, prestaciones y rendimientos propios de una autovía cuando el entorno es una carretera de montaña llena de baches y obstáculos (Acuerdos de Nivel de Servicio) y por supuesto, debe ser conocedora de ello para tomar las medidas oportunas. En este aspecto, y en ambos lados, hay muchos deberes por hacer.

De igual modo, una empresa que gana una licitación pública nunca debe utilizar los derechos de los trabajadores como herramienta de mejora de márgenes. Una empresa nunca debe prestar el servicio contratado con menor calidad (tampoco mayor) que la definida en los niveles de prestación del servicio. Pero siempre, una empresa moderna debe dedicar esfuerzos a la mejora de la eficiencia, a mejorar sistemas y equipos y a formar a los trabajadores para que desarrollen mejor y más eficientemente su trabajo. En resumen: debe hacer más con menos. Lo mismo que hacemos todos en nuestras actividades diarias.

¿Cómo encaja la búsqueda de la máxima eficiencia en la obligación de “blindar” puestos de trabajo quizá innecesarios? Puede encajar, lo veremos, pero siempre con la máxima de que la Administración debe controlar operativamente cada contrato.  Tiene que saber cómo se presta el servicio desde el punto de vista operativo. Y, si no tiene medios propios, debe acudir a expertos externos para realizarlo.

Y aquí lo dejo. Espero haber acertado y que sea un interés verdadero por un mayor y mejor control operativo de los servicios públicos lo que ha movido al Presidente de la Excma. Diputación de Lugo a hacer las declaraciones que originaron estos artículos.

 

Foto: Diputación de Lugo | Kico López