Cláusulas sociales en contratos públicos: el control es la novedad (parte 2)

Conviene recordar que una cláusula social en pliegos o contratos de servicios públicos es simplemente una herramienta que la Administración Pública tiene a su alcance para integrar aspectos sociales en la contratación pública.

Los servicios públicos gestionados indirectamente por una entidad privada, con o sin ánimo de lucro, deben guiarse por dos señales fundamentales. La primera, la obligación de una gestión eficaz y eficiente del contrato, lo que -se supone- es especialidad de la entidad privada gestora (para eso se externaliza ¿no?). Pero también por una segunda, la de promover, fomentar, y velar por aspectos sociales de integración, medio ambiente, empleo… Este último aspecto es lo que diferencia a la gestión de un servicio público de la de uno privado. En los servicios que una empresa presta a otra, la única regla es la del management o máxima eficiencia del contrato. Así de sencillo.

Si tenemos en cuenta que la contratación pública supone el 18% del P.I.B. español, no se me ocurre mejor escenario para diseñar, fomentar e impulsar buenas prácticas, en temas tan sensibles como mantenimiento del empleo, conciliación de vida laboral y familiar, formación, integración de personas con discapacidad o de difícil integración social, aspectos medio ambientales, etc. que este. Por tanto, con discrepancias o sin ellas, merece la pena trabajar sobre el tema.

Sin embargo, una visita de un minuto a Google tecleando “cláusulas sociales en los contratos públicos” nos presenta innumerable normativa comunitaria, estatal y autonómica (recomiendo no leer más de quince entradas, pues todo viene a ser prácticamente lo mismo) desde el año 2.001 hasta la última norma, la Ley de Contratos del Sector Público. Hay incluso guías publicadas por gobiernos autonómicos o diputaciones para aplicarlas con garantías jurídicas y hasta ejemplos de posibles cláusulas, consejos sobre la fase de la licitación más apropiada para incluirlas, advertencias de posible vulneración de la libre competencia, advertencias de posible limitación de la capacidad de organizar los servicios por parte de las empresas… En resumen, parece una cuestión suficientemente normalizada, vigilada y aplicada. Hasta en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, y en el Parlamento de Galicia más recientemente (Juan Carlos González Santín. PSOE), se debatió este tema.

¿Dónde está entonces la novedad del Sr. Besteiro? si como vemos, aparentemente, todo esto lleva entre nosotros ¡más de trece años!. Pues creo, y ahí va mi interpretación, que lo que la Diputación de Lugo está planteando es claramente corregir con un máximo de rigor y profesionalidad los mecanismos de control en la ejecución de los contratos. Auditar permanentemente la operativa de los mismos, saber que dificultades existen en su desarrollo y porqué las empresas (también las ONG gestoras) llegan a tomar medidas que pueden vulnerar derechos. Si la Administración no tiene recursos deberá acudir a firmas especializadas, pero ahí está el verdadero problema y no en los Pliegos. Y aunque a muchos les resulte sorprendente… ¡esto sí es nuevo!

 

Foto: Trabajadores de la Diputación de Lugo | Blog de la Diputación de Lugo